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A propósito de la libertad de elección del centro educativo

En estos días, en que se está cerrando el proceso de admisión de los alumnos en los centros públicos y en los privados concertados, es común ver a multitud de padres ir de un lado para otro desesperados porque su hijo o hija no ha conseguido plaza en el colegio en el que la habían solicitado. Los padres de nuestra comunidad deben saber que su problema está lejos de solucionarse si la administración educativa no toma decisiones valientes y asume cuál es el verdadero sentimiento de las familias.
En abstracto, todos tenemos que estar de acuerdo en que los centros públicos han de situarse –tras decenios de retraso- a un nivel estándar europeo en lo que respecta a medios, personal, etc. De hecho, las distintas administraciones educativas con competencias han efectuado un notable esfuerzo en los últimos quince años para dotar a los centros públicos de unas plantillas de docentes y de unos medios didácticos que, actualmente, están muy por encima de los que, vía financiación pública, se subvencionan a los centros privados concertados.
¿Porqué, entonces, los centros privados concertados, que ofertan el 45% de las plazas, reciben el 70% de las solicitudes?
La respuesta es múltiple: La tradición centenaria en la enseñanza de determinados centros, la opción religiosa de los padres, las instalaciones, etcétera, pero, sobre todo, hay algo evidente: Con los fondos públicos que cuesta un alumno de un centro público se financian 2’5 plazas de un centro privado concertado, es decir que la administración dota de más medios a los centros que peor los gestionan. Y no seré yo quien ponga en duda la calidad de los docentes de la enseñanza pública. Al contrario, los centros públicos se salvan del vacío más absoluto porque existen excelentes profesionales de la educación en ellos. Cosa totalmente distinta es la gestión que se hace de dichos centros, Es evidente que un buen maestro, un especialista en música o incluso un excelente director pedagógico no tienen porqué ser, a la vez, buenos gerentes: administradores, directores de personal, directores comerciales, etc...
La respuesta de la administración no es, como sería lógico, ir en la dirección de los padres y promover que los centros más demandados puedan ampliar su oferta. Al contrario. La administración educativa de nuestra comunidad no sólo ve con muchas reticencias los conciertos de nuevas aulas en la privada (pese al enorme ahorro que le suponen), sino que ha reducido a 23 el número de alumnos admitidos por aula ("unidad") y ha reservado "sine die" dos plazas por unidad para alumnos con necesidades educativas especiales, se cubran o no. Cabría pensar que esta opción es más progresista y busca mejorar la calidad educativa e integrar a alumnos con esas necesidades (minorías étnicas, discapacidades, etc.) con el resto. La verdad, sin embargo, es mucho más prosaica. Lo que busca la administración –y lo está consiguiendo- es dejar a centenares de alumnos a las puertas de los centros que han elegido, para luego llenar determinados colegios públicos que han tenido escasísimas solicitudes con dichos "excedentes de cupo", todo ello en un proceso de descenso de natalidad y de futuro negrísimo para ciertos centros de la pública, muchos de los cuales han sido ubicados en función del color político del alcalde de turno y no de la demanda.
Por otro lado, el sistema de admisión de alumnos no tiene sostén: Se prima al que más miente (declaraciones de la renta amañadas y demás triquiñuelas que muchos conocen) para dejar en la calle a muchos alumnos de la zona en que está el colegio o que, simplemente, se identificaban con el carácter propio del centro, pero cuyos padres no se han atrevido a efectuar un empadronamiento de conveniencia o a decir que ganan 100.000 pesetas al año.
La solución ya la apuntábamos antes: debe primarse, ante todo, la libertad de los padres para elegir el centro educativo que quieran para sus hijos, sin someterlos a la absurda tortura de un proceso de admisión cuyos resultados son una quimera. Debe favorecerse el crecimiento de los colegios más demandados y, a la vez, debe profesionalizarse la gestión de los centros públicos, quizás privatizando esa gestión, o a través de fundaciones o entes que mejoren el uso de los fondos públicos y equiparen sus resultados a los de los centros privados concertados.
Todo ello, para conseguir que los alumnos no elijan la opción de los colegios privados concertados tras descartar la enseñanza pública por la peor calidad de sus centros. Nadie debe ser escolarizado con calzador en contra de sus convicciones. Sólo desde una libertad real para elegir centro educativo y desde una buena gestión de los centros públicos podremos decir que se cumple el mandato constitucional, y que todo el mundo está donde quiere estar.

Marc González Sabater
Abogado
Especialista en derecho de la Educación

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