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Los propietarios de terrenos afectados por la Declaracion de Parque Natural exigen que sus derechos estén plenamente garantizados

Éxito de participación en la reunión convocada días atrás en Inca por la Comisión de Urbanismo de CAEB

En el transcurso de la citada reunión, se trataron las consecuencias que pueden derivarse para los propietarios afectados por alguna de las actuaciones previstas en la ley 4/89, inconvenientes que a continuación se relacionan:

1. Las actividades encaminadas al logro de las finalidades contempladas en los preceptos de la Ley podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social, a todos los efectos y en particular a los expropiatorios, respecto de los bienes y derechos que puedan resultar afectados. (Art.3)

2. Iniciado el procedimiento de aprobación de un PORN y hasta su aprobación no podrá otorgarse ninguna autorización, licencia o concesión que habilite para la realización de actos de transformación de la realidad física y biológica, sin informe favorable de la Administración actuante.

3. La declaración de un espacio natural protegido lleva aparejada la de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados, y la facultad de la Administración competente para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, en las transmisiones onerosas intervivos de terrenos situados en el interior del mismo. La comunicación a la Administración para poder optar a ejercer estos derechos se deberá hacer acompañando copia fehaciente de la escritura pública en que haya sido instrumentada la citada transmisión

4. En los Espacios Naturales calificados como Parques establece la Ley que se facilitará la entrada de visitantes con las limitaciones precisas para garantizar la protección de aquellos. La posibilidad de facilitar la entrada de visitantes puede reportar problemas para los propietarios de fincas privadas situadas dentro del parque, porque, si bien se debe respetar la propiedad privada, a ello nada obsta de que, a fin de facilitar el acceso para visitar algún punto concreto dentro del parque (p.e. que en Sierra de Tramuntana se ideen itinerarios para observar el “voltor negre”) se creen rutas específicas con la imposición a los propietarios de soportar esta servidumbre de paso. Ello no es una mera hipótesis interesada. Ejemplos existen ya. Así, no es ocioso recordar lo que sucedió con los edificios que fueron propiedad del Arxiduc en Valldemosa que fueron declarados BIC y, al final, se tienen que abrir unos días determinados al público.

5. Cualquier actividad requiere autorización administrativa (caza, herbicidas, cultivos, etc.)

6. El Plan de Uso y Gestión lo hace la Administración y, evidentemente, será la que decidirá los usos permitidos y los prohibidos y la gestión del parque. Los propietarios afectados tienen una mínima participación, ésta no es decisoria radicando muy limitada en su colaboración y, únicamente en la fase de información pública previa a la aprobación del Plan (alegaciones). Por otra parte la participación en el órgano de gestión del parque siempre será minoritaria, con lo que los propietarios se deberán someter a lo que decida la Administración, en este caso concreto la autonómica.