Se cumplen ahora veinticinco años desde que los españoles nos dimos un texto constitucional consensuado, moderno y democrático que establece derechos ciudadanos para el libre y pacífico ejercicio de nuestra convivencia. Entre ellos se encuentran los derechos de libre expresión y manifestación, que encauzan la posibilidad de respaldar, rechazar o criticar la acción de los Poderes Públicos. Otros, como el de huelga, están previstos en nuestra Constitución como forma de defensa de los derechos de los trabajadores en las empresas.
Recientemente, y con motivo del conflicto bélico en Iraq, se han producido masivas manifestaciones en las que han participado muchos ciudadanos españoles que apoyados por diversos grupos políticos y sociales han podido defender una postura crítica con la actitud del Gobierno de España frente a la guerra, en general la gran mayoría, personas de buena fe que querían, a través del ejercicio del derecho de manifestación, exponer públicamente su oposición a la guerra. Sin embargo, este proceso ha ido poco a poco degenerando en una mezcla, de un lado, de protestas legítimas y, de otro, de agresiones, insultos y ataques al Gobierno y al Partido Popular, que lo sustenta con mayoría absoluta en las Cortes.
Estas actitudes hostiles han incluido insultos personales, asaltos y agresiones a sedes del PP, lanzamiento de objetos, destrucción de mobiliario urbano e, incluso, saqueo a centros comerciales. Ante el deterioro de la convivencia que se ha producido, es necesario que todos los grupos políticos y sociales que han convocado las manifestaciones y están a su frente, recuerden que la democracia tiene unas reglas que se deben cumplir, reglas que legitiman el derecho a la discrepancia, pero que no ampara las acciones antes descritas, algunas de las cuales se encuentran en la frontera del delito y otras incurren directamente en el mismo.
Los empresarios estamos seguros de que la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles no están conformes con el modelo perverso en que han desembocado algunas manifestaciones. La Sociedad Española tiene una gran capacidad para el diálogo y el consenso, que tanto trabajo y tiempo ha costado obtener, y por ello se resiste a considerar que pueda resultar gravemente dañado por este clima de crispación.
A los grupos políticos y sociales les cabe la obligación de denunciar y condenar con la máxima firmeza estas acciones anticonstitucionales, no admitiendo ninguna excusa que pueda justificar la violencia.
Tanto CEOE como CEPYME y el resto de organizaciones empresariales han dado pruebas, a lo largo de 25 años de que nuestro modelo es el del diálogo y el entendimiento. Por ello, nos consideramos legitimados para exigir que las actitudes violentas desaparezcan definitivamente de nuestras calles.
Por último, CEOE y CEPYME quieren expresar su solidaridad con todos aquellos, que durante las últimas semanas han sufrido acoso y agresiones sin precedentes en la vida democrática española de los últimos años, y que ha cercenado su derecho a intervenir en actos públicos y a expresarse libremente.
La convivencia de todos los españoles, manteniendo sus discrepancias cuando existan, resulta un valor esencial que tiene mucho que ver con el importante desarrollo que España ha tenido en los últimos años.