El sector de la construcción solicita el urgente levantamiento de las moratorias

Propone a Antich y Munar 15 medidas relacionadas con ordenación del territorio y la construcción

La crisis de la Construcción es una crisis provocada por decisiones autonómicas

El Sector no propugna crecimientos desaforados, pero sí el fin de la inseguridad jurídica

El urgente levantamiento de las moratorias es la principal medida, de una serie de quince, que ha solicitado el sector de la Construcción en un documento entregado al Presidente del Govern, Francesc Antich, y a la presidenta del Consell Insular de Mallorca, María Antonia Munar, en sendas visitas efectuadas por una comisión del Sector encabezada por el presidente de la CAEB, Josep Oliver. En una nota introductoria al Documento entregado, la patronal subraya la importancia del sector de la Construcción, tanto por su aportación al PIB regional como por el consabido “efecto locomotora” sobre el conjunto de la actividad económica balear, advirtiendo su condición de “sector estratégico” que se ha visto fuertemente afectado por las moratorias que auguran una paralización de más del 40% de su actividad apenas se culminen las obras inerciales en marcha.

UNA CRISIS AUTONÓMICA
Continúa la extensa introducción advirtiendo que la crisis de la construcción que se anuncia no es a causa de la crisis internacional tras los atentados del 11-S, sino una crisis ”de etiología autonómica, provocada por decisiones autonómicas, estando, en consecuencia, en las manos autonómicas desactivarla o paliarla”.
Tras afirmar que el Sector de la Construcción no aspira a “crecimientos desaforados como los que, en los últimos años, han caracterizado la actividad constructora y que han sido de la única y exclusiva responsabilidad de una política urbanística institucional- municipal, insular y autonómica- poco meditada”, denuncia duramente la inseguridad jurídica “ una deformación devenida sistemática y endémica de nuestra autonomía” y que ha sido “reiteradamente denunciada y nunca atendida”. “Ninguna actividad económica- continúa el Documento- puede prosperar sin un marco estable de legalidad que defina derechos y obligaciones, que permita planificar las inversiones y adecuar la acción empresarial a la demanda del mercado”. “Por el contrario -continúa el Documento de los constructores- la sistemática retroactividad de la normativa urbanística, la arbitrariedad de no pocas de las decisiones que se toman, el desprecio por los derechos adquiridos de buena fe por los empresarios y particulares que se han creído lo que la ley les otorgaba, la imposibilidad de ser resarcidos justamente por los derechos lesionados y una Justicia cuya lentitud es utilizada poco escrupulosamente como amenaza disuasoria contra el afectado, diseñan un panorama que urge cambiar de una vez por todas”.
Seguidamente, el Documento entregado al presidente Antich y a la presidenta Munar incluye las siguientes medidas que se proponen:

LAS QUINCE MEDIDAS
Urgente levantamiento de las moratorias que, en cualquier caso, debe producirse antes de que finalice el primer trimestre del año actual.
Suelo urbanizable: Distribuir el crecimiento, tal y como prevén las actuales DOT, para un plazo de diez años. El crecimiento debe distribuirse en las áreas de transición de los municipios, de forma inversamente proporcional al suelo vacante que actualmente disponen y así equilibrar las diferentes hipótesis de crecimiento económico de cada uno de ellos.
Suelo urbano consolidado: Mantener los actuales índices de intensidad de uso residencial y edificabilidades, dejando a los ayuntamientos la adaptación de los parámetros edificatorios al modelo urbanístico adoptado.

Suelo urbano sin consolidar: Incluirlo forzosamente en unidades de ejecución para facilitar su gestión.

Suelo rústico: Dar “valor de uso” a estas zonas, compaginando el uso residencial con el agropecuario y manteniendo la actual estructura de espacios protegidos y corredores biológicos propuestos.

Cupos de licencias: Anular por completo esta medida ya que supone la introducción de un elemento especulativo que afecta al precio final de la vivienda, genera situaciones perversas como que unos pocos pueden tener copado todo un período y hace imposible la planificación empresarial a corto y medio plazo, por no mencionar los eventuales cambios de normativas, que podrían darse en los períodos de espera para el otorgamiento de licencias, con el consiguiente quebranto para el propietario de un solar.

Planes Territoriales Insulares: Deben cumplirse los plazos previstos, aprobándose inicialmente durante el primer trimestre del presente año, y aprobándose definitivamente en el primer trimestre del 2003, ponderando que la aprobación de los planes insulares no afecten a los otorgamientos de licencias, en aquellas zonas que no se vean afectadas por la planificación insular. Con ello se pretende que las moratorias no tengan una prolongación municipal para adaptar los planeamientos municipales a la nueva normativa, ya que ello supondría una situación sencillamente insoportable al prolongar de hecho durante largos años las actuales moratorias.

Áreas de reconversión: Deben tratarse con realismo las actuaciones en zonas degradadas y en zonas turísticas, huyendo de dos frecuentes errores: hacer planteamientos utópicos, muy brillantes, pero irrealizables, que tienen la virtud de congelar zonas enteras a la espera de algo que nunca llegará; y olvidarse de la iniciativa privada en estas actuaciones reconvertidoras.
Acceso a la vivienda de la demanda local : Promover la calificación de suelo y su gestión, poniéndolo a disposición del sector privado con el fin de acometer viviendas a un precio fijado por la Administración, para satisfacer la citada demanda.

Revisar a la baja la fiscalidad de todas las administraciones que grava la actividad promotora y que tiene una antisocial repercusión sobre el precio final de la vivienda que ronda el 23%.

Regulación de la figura del promotor y constructor, así como de los industriales que confluyen en el Sector, complementando la Ley Estatal de la Edificación y a través de un sincero y leal diálogo con el sector.

Formación profesional: Apoyo decidido y generoso para mejorar la formación profesional de empresarios y trabajadores del sector.

Ordenanzas municipales contra ruidos: Se ha pasado en pocos años de una situación asumible, como era la prohibición de demoliciones y movimientos de tierras, a menos de 150 metros de un alojamiento turístico durante los meses de julio y agosto, a la situación actual, en la que cada ayuntamiento tiene su propia ordenanza, con ámbitos de aplicación territoriales, temporales y de actividad diversos, configurando un mapa heterogéneo de exigencias, que dificultan gravemente la planificación de las obras, el cumplimiento de la jornada laboral anual. Se considera necesario homogeneizar las citadas ordenanzas. Debe encontrarse el equilibrio entre un medio ambiente saludable y el derecho al trabajo. Una buena solución sería la de trasponer a nuestro derecho, la Directiva Europea 2000, como ya han hecho otros países ribereños del mediterráneo. Con la aplicación de la citada Directiva se protege a todos los ciudadanos durante todo el año, y no como pretenden algunos de nuestros ayuntamientos que, sólo protegen a los turistas, en la época cada vez más larga veraniega.

Obras públicas: Más de un centenar de empresas se dedican a esta actividad, y de una forma especial a la obra civil. Debido al excesivo endeudamiento de muchos ayuntamientos en los últimos años, al bloqueo del Plan de Carreteras y a la disminución de los recursos municipales, por los efectos de las normas cautelares, el futuro para bastantes de estas empresas es preocupante. Urge, la licitación de las obras de conservación y mejoras de las redes viarias actuales y el desbloqueo del Plan de Carreteras.

Puesta en marcha, junto con los sectores, de un Estudio que analice globalmente y en profundidad su situación, tanto desde el punto de vista empresarial como laboral, incardinándola en el conjunto de la actividad económica y ponderando los aludidos efectos multiplicadores. Este Estudio es de suma importancia ante la problemática de todo el Sector.

Portada

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CONSTRUCCIÓN: otro pilar de nuestra economía en peligro

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Editorial

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Conjuntura Econòmica Balear 2001

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Jornadas informativas del Gabinete de Prevención de CAEB

Acuerdo Interconfederal para la negociación colectiva 2002

Cap a la professionalització d’Alimenta i del Saló del Producte Balear Agroalimentari

Noticias de ASAJA

Antonio J. Sintes Pons, nuevo VIcepresidente de CAEB en representación del empresariado menorquín

Ibiza versus Eivissa

Empresa al dia

Novedades Tributarias para el año 2002

Modificación del Real Decreto sobre Compensación al Transporte

Calendario de Fiestas Laborales para 2002

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