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BALEARES Y MADRID, EL PESO DE LA DIFERENCIA POLÍTICA

Dieciocho años de autonomía y otras tantas leyes del Parlament Balear recurridas ante el Tribunal Constitucional. Trece lo fueron en la época de gabriel Cañellas y Felipe González, sólo cuatro con el Pacte de Progrés y Aznar, y tan sólo una con el mandato de Jaume Matas en la pasada legislatura.

Lo dicho anteriormente podría ser el resumen estadístico de las difíciles relaciones que históricamente han mantenido el Gobierno central y el Govern balear. Pero ni siquiera las frías estadísticas reflejan la realidad de una complicada situación que parece condenada a dirimirse en el Tribunal Constitucional. Los dos últimos ejemplos de esta relación contra corriente son los recursos contra el impuesto turístico y contra la ley de comercio, pero no son más que la evidencia más reciente de un desencuentro político entre ambas administraciones debido al diferente color político que ha habido durante la casi totalidad de estos 18 años de autonomía.

La Ley de Comercio y la polémica ecotasa han sido los dos últimos ejemplos del enfrentamiento judicial, pero antes ha habido numerosos ejemplos. Las primeras leyes de Baleares que acabaron en el Constitucional fueron regulaciones para proteger determinados espacios naturales de las Islas, pero el recurso no vino en este caso de la mano del Gobierno. Durante los años 1984 y 1990, la mayoría de las leyes recurridas por el Gobierno eran cuestiones meramente políticas sin repercusiones económicas: la Ley de Normalización Lingüística, la Ley de Sindicatura de Cuentas o la ley de Coordinación de Policías Locales son un ejemplo de esta difícil relación política.

Sin embargo, en 1990 comienza a plantearse la batalla judicial contra decisiones tributarias o económicas legítimas, aprobadas por el Parlament balear, y que dejan muy mal parada la autonomía financiera de la Comunidad. En 1991, el Gobierno de Felipe González recurría el impuesto sobre las loterías aprobado por el Govern de Gabriel Cañellas y un año más tarde era recurrido el Impuesto sobre Instalaciones que Inciden en el Medio Ambiente, el famoso “impuesto ecológico”, auténtica joya de la Corona del Govern balear durante el mandato de Cañellas. Baleares tenía previsto ingresar al año unos 3.500 millones de las grandes compañías nacionales asentadas en territorio insular y en el Gobierno central se extendió el temor a que el resto de comunidades autónomas imitara el ejemplo de Baleares y el impuesto se reprodujera por todo el territorio español en progresión geométrica.

La ley fue recurrida y el Tribunal Constitucional sentenció, diez años después, que tal pretensión del Govern era claramente inconstitucional. En ese largo camino hasta la sentencia, el Constitucional había levantado la suspensión del impuesto, es decir, posibilitó que se cobrara, de forma que la decisión del Alto Tribunal ha provocado un agujero financiero en las arcas de la Comunitat que ha tenido que saldarse con un crédito extraordinario de algo más de 10.000 millones de pesetas.

Pero más allá del miedo del Gobierno a que se produjera una epidemia de impuestos ecológicos por el resto de comunidades autónomas, en el trasfondo de la decisión del entonces presidente, Felipe González, se encontraba la diferencia de color político de ambos gobiernos: el autonómico y el central. Porque si algo ha influido de forma decisiva en la forma de hacer política de la Comunidad es el histórico desencuentro político en ambos centros de poder.

Los gobiernos de Gabriel Cañellas (1983-1995) y de Felipe González (1982-1996) fueron incapaces de llegar a acuerdos: apenas se firmó un acuerdo en carreteras y se comenzó a hablar del travase de sa Costera a la bahía de Palma. El resto se resume en dificultades políticas y pocas soluciones conjuntas a los auténticos problemas de la comunidad. Durante esa época, un total de 13 leyes de Baleares acabaron en el Constitucional por una razón o por otra, entre ellas las dos ya citadas del impuesto sobre las loterías y el impuesto ecológico.

La relativa paz entre Madrid y Baleares no llegó hasta el año 1996, con Jaume Matas como President del Govern y con José María Aznar en su primera legislatura en la Moncloa. Sin embargo, estas buenas relaciones no son más que un paréntesis en la historia reciente de Balears ya que solamente duraron tres años, hasta la llegada del Pacte de Progrés al Govern en las elecciones autonómicas de 1999. Incluso en esta época de luna de miel entre Madrid y Baleares, una de las leyes del Parlament, las Directrices de Ordenación del Territorio, acabaron en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la fase de buenas relaciones permitió que Baleares obtuviera un fruto importante aunque insuficiente: la Ley de Régimen Especial de Baleares.

La histórica pretensión de Gabriel Cañellas de equiparar a Baleares con Canarias se había concretado finalmente en el año 1995 con la aprobación por parte del Parlament de la Ley de Régimen Ecónomico y Fiscal de Baleares, proyecto abanderado por Jaume Matas como Conseller d’Economia. La llegada del PP al Gobierno central un año más tarde permitió la aprobación de esta ley en el Congreso, pero a un alto precio: de los 73 artículos que componían el proyecto aprobado por el Parlament y remitido al Congreso sólo se salvaron dos, ninguno de ellos referido a cuestiones fiscales. De hecho, todas las ventajas fiscales que incorporaban el texto saltaron por los aires. A las exenciones por inversiones en el Parc-BIT, en la zona aeronáutica o a las realizadas por grandes multinacionales en la comunidad también se sumó la desaparición total de las ayudas fiscales previstas para las empresas de las Islas.

Ni se consiguieron exenciones en la Seguridad Social para el personal de las compañías aéreas radicadas en Baleares, ni el turismo se consideró una actividad prioritaria, con la aplicación del IVA reducido y bonificaciones a la seguridad social para las empresas que tuvieran los establecimientos abiertos durante todo el año, ni se rebajaron los precios del transporte de mercancías marítimo o aéreo. Tampoco se creó un fondo para compensar los problemas derivados de la insularidad ni AENA invierte en Baleares todas las ganancias que logra en los aeropuertos de las Islas, otras dos cuestiones recogidas por la Ley. Realmente no se consiguió nada de nada de lo que fijaba el texto original. Como se ha demostrado desde que esta ley está en vigor, el texto quedó prácticamente vacío de contenido y se convirtió en una simple declaración de buenas intenciones por parte del Gobierno que, hasta la fecha, no se ha traducido en ninguna medida concreta. Ni siquiera una de las pocas medidas que pretendían compensar la desventaja de la insularidad, la rebaja en las tarifas portuarias para el transporte de mercancías, ha podido ponerse en práctica hasta la fecha ante la enorme complejidad de la documentación que se exige a las empresas para lograr las bonificaciones, si bien parece que está en trance de solución.

Y posiblemente, menos se logrará a partir de ahora, con un gobierno de partido de izquierdas en Baleares y con un gobierno del PP en Madrid. Baleares parece estar condenada a transitar contra corriente en la vida política nacional. Si antes se gobernaba “contra” el PSOE, ahora se hace “contra” el PP. El distinto color político de ambos gobiernos vuelve a tener sus consecuencias negativas para las Islas, que ven cómo no se despliega un régimen especial que, aunque menos ambicioso del inicial, tiene ciertas medidas positivas para la comunidad si llegaran a aplicarse. Tal es el caso de la prioridad en las inversiones de todo tipo y el descenso en las tarifas portuarias y aeroportuarias, por citar algunas. Pero en los dos años de gobierno del Pacte de Progrés no sólo ha sido imposible desarrollar el régimen especial, sino que además cuatro de las leyes del Parlament han vuelto a quedar al arbitrio del Tribunal Constitucional: la subida de las pensiones, la ecotasa, la Ley de Consell y la Ley de Comercio. Cuatro leyes que están muy lejos de las trece que se recurrieron durante el mandato simultáneo de Gabriel Cañellas y de Felipe González, pero que también se sitúan lejos de la única ley que se recurrió durante el mandato de Jaume Matas, con un Gobierno del PP en Madrid a favor de los intereses de las Islas. Cuatro leyes que, en dos años, marcan todo un récord en la estadística opositora de ambos gobiernos y que evidencian que Baleares volverá a sufrir las consecuencias de tener un gobierno de diferente color al de Madrid, una situación política a la que la comunidad parece especialmente propensa. Mientras tanto, los ciudadanos de las Islas ven con impotencia cómo estos inexplicables desencuentros políticos perjudican más que ayudan al desarrollo económico de la comunidad autónoma.

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Balears y Madrid. El peso de la diferencia política

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