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El coste del medio ambiente

Artículo publicado en DM (Octubre 2001)

Estos días, y por una serie de circunstancias en las que la CAEB se ha visto obligada a tener algún protagonismo, han sido temas de los medios de comunicación las moratorias urbanísticas, las consecuencias que dichas moratorias han tenido para el sector de la Construcción y, en definitiva, las consecuencias que para la actividad económica, en general, tendrán estas medidas cautelares y las normas que van a seguir a continuación.
Antes que nada debo advertir que el debate que tiene planteado nuestra sociedad en torno a los límites al crecimiento o, como se dice ahora, en torno a la sostenibilidad de dicho crecimiento, no sólo me parece positivo, sino muy necesario, incluido que la propia Administración autonómica participe y sea agente principal de este debate. La necesidad de reflexionar acerca de dónde estamos y hacia dónde vamos y la conciencia generalizada de que, nos guste o nos disguste, tenemos un territorio que es el que es, es decir, escaso, son pruebas de madurez y sensibilidad sociales que es justo ponderar en su real significado.
Sin embargo, conviene hacer algunas matizaciones para evitar caer en un maniqueísmo del “o todo o nada” que falsifica los términos del problema y, lo que es más preocupante, puede provocar que los remedios que se proponen resulten peores que la enfermedad que se pretende curar o prevenir. Es en esta línea que la CAEB se ha manifestado últimamente con reiteración y esta filosofía la que ha impregnado las alegaciones que hemos presentado a las normas cautelares del CIM y del Govern, así como a la modificación de las Directrices de Ordenación del territorio. Una reflexión responsable acerca de la situación que vive nuestra autonomía nos obliga a formular las siguientes reflexiones:
Primera.- Como afirmación previa, hay que rechazar con contundencia la idea de que nos aproximamos a un urbanismo que tiende a la saturación o que, incluso, estamos al límite de nuestras posibilidades. Esto es falso y un mal punto de partida para abordar cualquier política urbanística racional. Baleares, en general, goza de una envidiable salud medioambiental y paisajística, con amplios espacios preservados y con una costa, con algunas lamentables excepciones, en excelente estado de conservación y presentación. Los desastres urbanísticos (que existen y que, con frecuencia, han sido provocados por la propia Administración a través de su planificación y a través de las sucesivas “moratorias”) son puntuales y de todos conocidos. No puede extenderse esta penosa realidad al conjunto de las Islas.
Segunda.- Las medidas protectoras del medio ambiente no pueden ser radicales ni generales en un doble sentido: por un lado, porque de la misma forma que casi es una obligación destruir lo que se ha construido mal, en otros sitios, hay que construir, con todas las cautelas y requisitos que se deseen, para conservar, ya que sólo manteniendo dentro del mercado el suelo, sea del tipo que sea, lo conservaremos; por otro lado, porque cualquier medida política, urbanística o de otra materia, deberá siempre ponderar responsablemente su coste medido en términos sociales y económicos. Parar la Construcción o reducirla a unos mínimos insignificantes tiene un coste social y económico que puede resultar insoportable, no para el sector y para los subsectores que dependen de la construcción, sino para la sociedad. Resultando falso y reduccionista este “o todo o nada” sin matices, que se muestra incapaz de analizar inteligentemente los “tiempos”, así como el “dónde” y el “cómo”, debe ralentizarse la actividad constructora.
Tercera.- No puede seguir la endémica y salvaje inseguridad jurídica que padecemos, generada desde la misma Administración a través de un rosario de disposiciones (14 en unos años) que se superponen unas a otras y, con frecuencia, se contradicen. Sin seguridad jurídica no puede haber actividad económica y sin una Administración que garantice la estabilidad de las leyes, su irretroactividad y su cumplimiento, la economía de mercado deviene imposible. El empresariado ha de poder planificar su actividad y sus inversiones, creerse lo que la ley le dice y confiar en sus gobernantes como garantes de las leyes. Esto, en nuestra tierra, no ocurre en estos momentos.
Por esto, desde la CAEB, quiero hacer una llamada a la responsabilidad de quiénes nos gobiernan para que ponderen sus decisiones, analicen los costes- beneficios de sus políticas y eviten “soluciones” tan discutibles como precipitadas que pueden causar un daño de muy difícil reparación futura.
JOSEP OLIVER, Presidente de CAEB

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