El recurso impugnatorio se basa en dos ejes: la magnitud del daño que causaría y la necesidad de una nueva repetición de información pública

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha presentado ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal de Justicia de las Islas Baleares, recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consell de Mallorca de 22 de enero de 2002 en virtud del cual se dispone la aprobación definitiva de una norma cautelar previa a la aprobación del Plan Territorial de Mallorca. Como es habitual en estos casos, junto con la impugnación del acuerdo del CIM se adjunta la oportuna solicitud de suspensión en lo que afecta a la ejecución de los preceptos del acuerdo impugnado, cuya aplicación pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso interpuesto.

El recurso en cuestión se basa en dos ejes. En primer lugar, se argumenta el grave impacto que tendría la norma cautelar aprobada en el sector de la Construcción e industrias auxiliares y en el cuádruple frente de una fuerte paralización de licencias de edificación de viviendas, de las graves pérdidas directas de dicho sector, de los cierres de empresas que se producirían y del empleo que se vería afectado. La magnitud e irreparabilidad de los daños y perjuicios que se produciría por la aplicación de los preceptos impugnados impone- a juicio de del recurso contencioso de la CAEB- la ponderación, por parte del Tribunal, de la suspensión solicitada. El segundo eje argumental que está en la base del recurso de impugnación tiene que ver con las modificaciones que se han introducido desde la aprobación inicial de la norma hasta la aprobación definitiva y que, de hecho, suponen una variación sustancial de la norma, lo cual, en buena teoría, debería dar lugar a la repetición de la información pública, como de forma reiterada ha venido señalando la jurisprudencia del Supremo.