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El Presidente de CAEB aporta una vez más la visión empresarial contraria a la creación de un nuevo impuesto, como es la Ecotasa

Preocupación por el peligro que supone “la aplicación de
un impuesto de estas características en unas islas turísticas donde el 85 por ciento de la economía se basa en el sector servicios”.

El pasado 10 de noviembre de 2000, el Cercle Artístic de Ciutadella reunió en una misma mesa a la Presidenta del Consell Insular de Menorca, Joana M. Barceló, al portavoz parlamentario del Grupo Popular, José Mª González Ortea, y al Presidente de CAEB, Josep Oliver, para que cada cual tuviera ocasión de exponer sus puntos de vista entorno al tema de la “Ecotaxa, una mesura de futur”.

En un animado debate, seguido por interés por numeroso público, el Presidente Oliver, en representación de todo el sector empresarial de Baleares, expresó de forma clara su frontal oposición a la mal llamada ecotasa, porque “no es tasa, por carecer de un carácter finalista, y de ecológica tampoco tiene demasiado”. Expresó públicamente su preocupación por el peligro que supone “la aplicación de un impuesto de estas características en unas islas turísticas donde el 85 por ciento de la economía se basa en el sector servicios” y aseguró que podría generar un efecto psicológico negativo sobre nuestros potenciales visitantes puesto que “la cuestión no es que el turista no pueda pagar más, es que no quiere”.

Por su parte, la Presidenta del Consell defendió la implantación de este impuesto que, a su entender, recaerá sobre el turista y no en el hotelero, y por la necesidad de acabar con un modelo turístico insostenible basado en “un mercado barato y un crecimiento desorbitado de plazas turísticas”. Joana Barceló confía en que la adecuada gestión de los fondos obtenidos, mediante su reinversión en la conservación del medio ambiente, permita mejorar la calidad de nuestro producto turístico, lo cual permita atraer a turistas con mayor poder adquisitivo. El objetivo consistiría en “reducir la afluencia de turistas y mantener el actual nivel de rentabilidad económica”.

En cambio, el exconseller balear de Turismo, José Mª González Ortea, se alineó con las tesis empresariales y calificó al impuesto turístico de “injusto”, ya que representa un doble gravamen sobre una misma actividad, y “discriminatorio”, porque se aplica únicamente sobre los hoteleros. También alertó de que con esta medida se está fomentando la multiplicación de las plazas alegales. En este sentido, la Presidenta del Consell reconoció que el tema de la oferta ilegal de viviendas vacacionales se trataba de una “patata caliente” cuya resolución pasaba por reducir al mínimo los actuales niveles de fraude mediante un incremento de la actividad inspectora.

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