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“La sujeción de las Autoridades Portuarias al Impuesto sobre Sociedades puede suponer una presión de 1.300 millones de pesetas”

Antonio Grávalos, presidente de APEAM, reclama que esta medida no se traslade a las tarifas

El pasado 4 de julio la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts del Govern de les Illes Balears, las Cámaras de Comercio, las asociaciones empresariales, como la CAEB y la Asociación Provincial de Empresas de Actividades Marítimas de Baleares (APEAM), integrada a su vez en la CAEB, firmaron conjuntamente una carta dirigida al Ministerio de Hacienda en la que se reclama la exención de las Autoridades Portuarias del pago del Impuesto sobre Sociedades y, más particularmente, que en el caso de la Autoridad Portuaria de Baleares "se arbitre un sistema de compensación que permita evitar tanto el desequilibrio de la entidad como la potencial apelación a la subida de tarifas para compensar las mermas de ingresos y consiguientes mermas de las expectativas de inversión". En esta entrevista Antonio Grávalos, presidente de APEAM, analiza esta y otras problemáticas que afectan al sector de actividades marítimas.

¿Cuál puede ser el alcance de la sujeción de las Autoridades Portuarias al pago del Impuesto de Sociedades a partir del 1 de enero de 2000?

Puede tener una dimensión en estos momentos difícil de cuantificar. En el caso de la Autoridad Portuaria de Baleares puede suponer entre 380 y 400 millones de pesetas anuales. La sujeción de las Autoridades Portuarias al pago del Impuesto de Sociedades implica una pérdida de su capacidad financiera y con la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante modificada la vía de que disponen para hacer frente a sus inversiones es la generación de unas cuentas de reserva para inversiones que se generan vía beneficios. Habría otras maneras de financiar las inversiones como dejar que las empresas privadas las hagan y otorgar concesiones o el endeudamiento, pero no son las que se han elegido. Ante esta situación, se ha dirigido esta carta al Ministerio para llamar la atención de esta particularidad: la sujeción de las Autoridades Portuarias al Impuesto sobre Sociedades significará un aumento de la presión impositiva sobre Baleares porque, si tal y como se ha advertido, se repercute en las tarifas también afectará en los ciudadanos a través de los fletes. Esta misma problemática afectará a los puertos de Barcelona, Tarragona, Valencia y Alicante y si estos puertos también pierden capacidad inversora y también suben tarifas, la suma de la presión que ejercerán estos puertos más los de Baleares puede alcanzar los 1.300 millones de pesetas.

¿Y qué incremento podría suponer sobre las tarifas actuales?

Sólo en el caso concreto de Baleares 400 millones pueden suponer el 10 por ciento de los ingresos, por lo que para mantener el mismo nivel de ingresos se deberían incrementar las tarifas en este porcentaje. Eso implica un 10 por ciento anual con un efecto inflacionista que no es admisible. Hay que tener en cuenta que el simple hecho de que se trate de un impuesto hace que no sea trasladable a las tarifas. En términos generales nosotros ya hemos transmitido a Autoridad Portuaria que no nos parecen aceptables aumentos por encima del IPC tanto en tarifas como cánones.

Otras de sus reivindicaciones es un cambio en el actual modelo de autofinanciación portuaria.

Habría que modificar la actual normativa para que los puertos se financiaran de otra manera. Específicamente, los puertos de Baleares no pueden tener el modelo de autofinanciación como el válido. Hasta el año 97 había unas partidas para inversión que procedían de unos fondos de compensación. Desde ese año no sólo no se aporta nada sino que, por ejemplo, el puerto de Palma aporta unos 400 millones para los fondos de contribución. El modelo de autofinanciación no es válido para Baleares porque los tráficos son cautivos, ya que somos íntegramente importadores. Es una discriminación que aquí tengamos que pagar íntegramente nuestras infraestructuras de comunicación cuando en otras comunidades no es así. La ley debería ser modificada recogiendo la particularidad de los tráficos cautivos así como la insularidad. En otras comunidades insulares europeas sí se cuenta con una aportación del Estado. Una segunda base de la problemática portuaria es el espacio. En el caso de Palma una vez que se habiliten las áreas del dique del Oeste, se descongestionará la zona de operaciones, que ahora está resultando no sólo escasa sino también claramente insegura. Últimamente ha habido un accidente grave en nuestras instalaciones que obedece entre otras cosas a que las medidas de prevención no son fáciles de aplicar en espacios tan pequeños.

Precisamente, en el ámbito del puerto de Palma, Autoridad Portuaria ha anunciado inversiones importantes directas. Además, se quiere trasladar la operación de mercancías al Dique del Oeste. ¿Cómo lo valoran?

Nos parece bien que se hagan algunas inversiones directamente porque pueden generar gran interés público, pero otras no. En el terreno de las navieras de mercancías hay determinadas inversiones que por razones de interés público las debe realizar Autoridad Portuaria pero, evidentemente, consideramos que otras, como instalaciones específicas para actuaciones de las compañías, no y eso debe implicar que Autoridad Portuaria esté dispuesta a otorgar concesiones a largo plazo para poder amortizar las inversiones y no dar autorizaciones a corto plazo como hasta ahora. Nosotros consideramos que las autorizaciones a corto plazo no generan más que inestabilidad e incertidumbre tanto en los resultados de las empresas como en el empleo. Las empresas de Baleares en estos momentos no tenemos ninguna seguridad de que esas autorizaciones al cabo de un año sean renovadas en condiciones equivalentes a las que teníamos. Nosotros queremos tener horizontes a corto y medio plazo. Respecto al traslado de la operación de mercancías al Dique del Oeste, nosotros ya hemos manifestado que nuestras actividades de pasaje y de carga no se pueden desligar. Es cierto que en el caso de Iscomar y de otras navieras también utilizamos la carga de contenedores para lo que necesitamos grandes instalaciones y equipos especiales y, en este sentido, hemos convenido que los contenedores se podrían ubicar en el Dique del Oeste con unas condiciones mínimas: no asumir un mayor coste por el mismo espacio, no soportar los costes de traslado y que el cambio de ubicación sea para un plazo no temporal.

¿El déficit de espacio es común en los principales puertos de las islas?

El volumen del transporte de mercancías en los puertos de Baleares ha crecido un 40 por ciento en tres años y ello se ha hecho en el mismo espacio que había antes y entonces ya había congestión. En Palma hay una solución en el horizonte a través del dique del Oeste, en Mahón, dentro de la escasez no hay un gran déficit y en Ibiza, sí lo hay.

¿Qué otras problemáticas afectan al sector de las actividades marítimas de Baleares?

Hay que resaltar el cambio significativo que ha experimentado todo el sector naval como consecuencia de la apertura al segundo registro, el llamado canario, que ha implicado mejoras fiscales y sociales. Este tema está prácticamente resuelto pero no el de la estiba y la desestiba, que se realiza en todos los puertos a través de las sociedades de estiba, con participación mayoritariamente pública y sobre las que está el peso de carga y descarga de los buques. Nosotros consideramos que estas operaciones las debe realizar personal muy cualificado pero los costes actuales son absolutamente desproporcionados y con unas mecánicas de trabajo muy poco flexibles. Sobre este sector se debe actuar tanto a nivel español como europeo.

¿Ha reducido el Régimen Especial de Baleares (REB) el sobrecoste en el transporte que comporta la insularidad?

El transporte de mercancías a Baleares duplica o incluso triplica el coste por carretera en la Península. Sólo las tasas pueden a llegar a suponer tanto como el coste total del transporte en la Península. Suponen más de los dos tercios y sólo el 33 por ciento de lo que las navieras cobramos corresponde a flete. Lo que el REB aporta en cuanto rebaja de costes de las tarifas es sólo establecer por ley lo que antes se daba por orden ministerial.

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