actual2

El Consell paraliza por sorpresa casi la totalidad de la construcción en Mallorca, sin entrar a valorar de fondo sus consecuencias

El 90 por ciento de esta actividad se verá afectada con la consiguiente amenaza para las empresas y las 120.000 personas que, de forma directa e indirecta, están ligadas a ella

La moratoria urbanística aprobada por el Consell de Mallorca en el pleno del 26 de julio supone la práctica paralización de la actividad constructora en Mallorca durante su vigencia, que tendrá un plazo máximo de dos años, aunque las empresas del sector no pueden obviar que a la moratoria le seguirá un Plan Territorial que también impondrá límites al crecimiento.

Concretamente, la traducción inmediata de la norma cautelar será que en el segundo semestre de 2002 se reducirá en un 90 por ciento el volumen de obra que se visará en comparación al segundo semestre de 2001. A medio y largo plazo los efectos se ampliarán y su alcance dependerá de varios factores. El vicepresidente de la Asociación de Promotores de Balears y director técnico de la Comisión de Urbanismo de la CAEB, Gabriel Oliver, explica que "el plazo de ejecución de una obra es largo y, por lo tanto, en el primer año de vigencia de la moratoria prácticamente no se notará una disminución de trabajo para las empresas del sector porque hay licencias otorgadas con anterioridad al 4 de julio. Sin embargo, a partir del año, que es cuando debería empezar a construirse las licencias solicitadas a partir de ahora, es cuando se registrará esta disminución del 90 por ciento en la actividad".

Es decir, en cuanto a la norma cautelar en si, indica Oliver, preocupa sobre todo el plazo, pero lo más relevante es lo que vendrá después de la norma cautelar: el Plan Territorial, que marcará unas directrices a las que se tendrán que adaptar los ayuntamientos. En este sentido, preocupa básicamente cuáles serán las limitaciones que se van a imponer y qué tiempo van a tardar los municipios en adaptarse a estas directrices. Entonces surgirá realmente el problema para las empresas del sector, debido a que ya no habrá pedidos en cartera.

Más concretamente, a nivel de promotores, la principal problemática estriba en aquellas compras de suelo que se hayan realizado antes de la moratoria por un valor determinado con unas expectativas de edificación que a partir del Plan Territorial se pueden ver limitadas. Esto provocará un incremento del coste de cada vivienda que se pueda construir, con un aumento, en consecuencia, del precio en el mercado de estas viviendas. Cabe recordar que desde el anuncio de la moratoria el pasado 3 de julio, la presidenta del CIM, Maria Antònia Munar, ha insistido en la necesidad de reducir la construcción para evitar el crecimiento poblacional en Mallorca y ha apuntado que el Consell actuará en esta línea en la redacción final del Plan Territorial.

Actualmente, la construcción genera 60.000 empleos directos y otros 60.000 indirectos, que engloban desde arquitectos, promotores, constructores, albañiles, electricistas, decoradores, etc. Un parón tan importante también afecta indirectamente a otros sectores como el comercial y puede terminar provocando "un verdadero problema socioeconómico en la comunidad", afirma Oliver.
A partir de esta situación, todos los sectores empresariales ligados a la construcción se han aliado para contratar un asesoramiento jurídico que analice la legalidad de la norma cautelar.

Reivindicaciones del sector

En relación al contenido de la moratoria cabe recordar que afecta a toda aquella nueva construcción que pueda implicar un aumento de la población. Concretamente, afecta a todo el suelo urbano y urbanizable con excepciones como las viviendas unifamiliares. Por parte de los promotores se reclama que la excepción que afecta a actuaciones en centros históricos que tengan un plan especial de protección se pueda ampliar a aquellas que se desarrollen en casco urbano y que sirvan para la mejora de las dotaciones, equipamientos y edificaciones existentes. Se trata de poder aprovechar el suelo ya consumido. También se pide que un edificio ya existente se pueda demoler y volver a construir.

En relación a la polémica de las viviendas de protección oficial, que finalmente se permitirán en un número de 1.600, Oliver pone de relieve que "no es fácil entender que una moratoria puramente técnica se pueda convertir en social". Si hay que evaluar el impacto ambiental de un edificio, éste es el mismo tanto si el poder adquisitivo de un comprador es elevado o bajo, asegura. Otra de las reivindicaciones de los sectores económicos ligados a la construcción se centra en la necesidad de que se canalicen ayudas técnicas o económicas con el fin de que, una vez que el Plan Territorial se apruebe, los ayuntamientos puedan adaptarse a las directrices que se fijen en un plazo máximo de un año.

Asimismo, con la previsión de la limitación al crecimiento que implicará este Plan Territorial se incide en la necesidad de que se elabore de forma paralela un plan de choque socieconómico para el sector.

Otra línea de actuación se debería centrar, si realmente se apuesta por la rehabilitación de viviendas, en la concesión de ayudas a los compradores para la adquisición de este tipo de viviendas, ya que su precio es entre un 20 y un 30 por ciento superior al de la vivienda nueva y es muy complicado que el mercado local pueda tener acceso a su compra. Mientras tanto, y ante la sucesión de una serie de medidas urbanísticas en los últimos años y el anuncio del Ejecutivo autonómico de actuar también en suelo rústico, desde el sector empresarial se reclama que la cuestión urbanística no se utilice como una "arma política".

"Es necesario un consenso generalizado, que desaparezca la inseguridad jurídica y que se sepa dónde, cuando y cómo se pueda construir", apunta el responsable de Urbanismo de la CAEB. En esta línea, incide en hay que analizar las causas que han propiciado este fuerte crecimiento en los últimos años: la reactivación económica tras la crisis de los 90, la llegada del euro y la actuación de la propia Administración, que ha generado mucha obra pública e inseguridad jurídica, comenta Oliver. Así, la construcción se ha disparado por "causas propias del mercado y por otros motivos como la falta de planificación de la Administración", que se remonta a 1987.

Portada

Josep Roig Salleras, Vice-presidente de CAEB, recibirá a título póstumo la Medalla de Oro de la Confederación

El Consell paraliza por sorpresa casi la totalidad de la construcción en Mallorca, sin entrar a valorar de fondo sus consecuencias

Actualidad

Editorial

El Gobierno presenta recurso de inconstitucionalidad contra la "ecotasa" y pide su suspensión cautelar

El creixement econòmic de Balears continua la seva moderació a la primera meitat de 2001

Joves Empresaris con el Presidente de Gesa

Aumenta un 66% el número de empresas beneficiadas por el aval de Isba

Josep Oliver, elegido Vicepresidente Primero del recién creado Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

CAEB participa en la modificación del R.D. que regula las ayudas al transporte maritimo y aéreo

Suscrito el Convenio de Sanidad Privada en Baleares, que tendrá vigencia durante los próximos tres años