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A partir del 2015 se exigirá a los Estados miembros que repercutan en la tarifa todos los costes
Resulta sorprendente cómo el cambio climático, siendo un concepto que pocos se atreven a definir con soltura, se ha incorporado a nuestro vocabulario. Todos hemos oído hablar de sus posibles repercusiones. Uno de los efectos más temidos de este renombrado fenómeno global es el de periodos de sequía más prolongados. El hecho de que precisamente el nuestro sea un país de baja pluviometría nos coloca en una situación de especial vulnerabilidad.
¿En qué puede repercutir esta situación sobre las empresas? Actualmente, en España, pagamos uno de los precios más bajos por este bien tan escaso. La situación climatológica de los países en la Cuenca del Mediterráneo pone de relieve la necesidad de una revisión, ya que el valor real del agua está lejos de adaptarse a la realidad. Pese a una creciente conciencia social y empresarial, ya conocemos los resultados: cuanto más barata, más la usamos y menos nos preocupamos del control y de su gestión.
Baleares es una de las comunidades autónomas con la tarifa más cara, por detrás de Canarias. Actualmente el precio viene marcado por la dificultad de obtener el recurso, pero no guarda necesariamente relación con la calidad del agua. La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea pondrá freno a esta situación. A partir del 2015 se exigirá a los Estados miembros que repercutan en la tarifa todos los costes. Es decir, que lo que el consumidor, particular o empresa, pague por metro cúbico de agua reflejará los costes de las infraestructuras: desaladoras, potabilizadoras y depuradoras, entre otros.
Los más pesimistas auguran un encarecimiento de al menos un 15%. Frente al riesgo de la escalada de precios y el consiguiente encarecimiento de los costes, la optimización y eficiencia en la utilización del agua se perfila como una de las principales alternativas para la sostenibilidad empresarial, desde el punto de vista tanto económico como ambiental.
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El análisis del ciclo de vida y la actualización de otras normas de referencia se revisaron en profundidad durante una jornada en la CAEB
Medio centenar de empresarios, técnicos y responsables de sistemas de gestión de medio ambiente, calidad y prevención de riesgos laborales se pusieron al día sobre las últimas modificaciones que han sufrido las normas de referencia de los diversos sistemas, en una jornada impartida en la CAEB el pasado 19 de junio.
Actualmente la ISO 900, referente para los sistemas de gestión de calidad, se encuentra en fase de revisión, tal como comentó la gerente de la delegación de la zona oeste de Bureau Veritas, María Eugenia Mir. Si la última actualización, correspondiente al año 2000, incorporó modificaciones importantes y sustanciales, la actual revisión no augura cambios drásticos. Se han revisado y aclarado conceptos, de manera que la norma resulte más comprensible, fácil de utilizar y más compatible con otras normas de referencia. Las variaciones más relevantes hacen mención a la necesidad de controlar los procesos externalizados por la empresa, y de incluir aspectos posteriores a la entrega de un producto, etc. El director de desarrollo de proyectos de Bureau Veritas, Marcio Viegas, desgranó el análisis de ciclo de vida (ACV). Se trata de una herramienta de gestión ambiental utilizada para evaluar el impacto potencial de un producto, a lo largo de todo su ciclo de vida, desde las materias primas utilizadas en su fabricación hasta su posterior eliminación al acabar su vida útil. Por ello también es conocido como “de la cuna a la tumba”. La norma ISO 14040, revisada en el 2006, establece la metodología para llevar a cabo este complejo estudio. “El esfuerzo vale la pena, ya que resulta muy útil para la toma de decisiones empresariales, a la vez que permite mejorar los procesos e identificar nuevas oportunidades”, dijo Viegas, “sin necesidad de llevar a cabo todo el procedimiento, puede utilizarse como referencia para la identificación y evaluación de aspectos ambientales”.
Finalmente, se abordó la revisión de la OHSAS 18001, que entró en vigor el pasado día 1 de julio de 2007, y dejó de ser una “especificación” para convertirse en una “norma” para los sistemas de gestión de la prevención.
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