A partir del 2015 se exigirá a los Estados miembros que repercutan en la tarifa todos los costes

Resulta sorprendente cómo el cambio climático, siendo un concepto que pocos se atreven a definir con soltura, se ha incorporado a nuestro vocabulario. Todos hemos oído hablar de sus posibles repercusiones. Uno de los efectos más temidos de este renombrado fenómeno global es el de periodos de sequía más prolongados. El hecho de que precisamente el nuestro sea un país de baja pluviometría nos coloca en una situación de especial vulnerabilidad.
¿En qué puede repercutir esta situación sobre las empresas? Actualmente, en España, pagamos uno de los precios más bajos por este bien tan escaso. La situación climatológica de los países en la Cuenca del Mediterráneo pone de relieve la necesidad de una revisión, ya que el valor real del agua está lejos de adaptarse a la realidad. Pese a una creciente conciencia social y empresarial, ya conocemos los resultados: cuanto más barata, más la usamos y menos nos preocupamos del control y de su gestión.
Baleares es una de las comunidades autónomas con la tarifa más cara, por detrás de Canarias. Actualmente el precio viene marcado por la dificultad de obtener el recurso, pero no guarda necesariamente relación con la calidad del agua. La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea pondrá freno a esta situación. A partir del 2015 se exigirá a los Estados miembros que repercutan en la tarifa todos los costes. Es decir, que lo que el consumidor, particular o empresa, pague por metro cúbico de agua reflejará los costes de las infraestructuras: desaladoras, potabilizadoras y depuradoras, entre otros.
Los más pesimistas auguran un encarecimiento de al menos un 15%. Frente al riesgo de la escalada de precios y el consiguiente encarecimiento de los costes, la optimización y eficiencia en la utilización del agua se perfila como una de las principales alternativas para la sostenibilidad empresarial, desde el punto de vista tanto económico como ambiental.