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Josep Oliver aboga por un modelo territorial que “goce de un amplio consenso” y con garantías de cumplirse
Transparencia, seguridad jurídica y la necesidad de crear una Ley del Suelo a nivel autonómico fueron tres de las recomendaciones que dejó encima de la mesa el presidente de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB), Josep Oliver, durante el transcurso de una jornada debate organizada por el Cercle d’Economia.
Oliver solicitó la elaboración de una Ley del Suelo que dote a los agentes económicos de Baleares de un “marco claro y comprensible para su correcto desarrollo” y apostó para que se haga con el máximo consenso político.
Por otra parte, consideró necesario que se clarifique la situación normativa de Baleares mediante una Ley del Suelo que “refunde las distintas normativas que se han ido creando y ajuste la tramitación a las necesidades especiales de las Islas”. Para Oliver es una “prioridad” crear un modelo territorial “que goce de un amplio consenso” y que tenga garantías de cumplirse por el Govern.
Para los empresarios también es “importante” reducir la disparidad normativa y minimizar la burocratización a la que, según dijo Oliver, están sometidos. Asimismo, pidió máxima coordinación entre Administraciones. “La incidencia en la ordenación del territorio compete no sólo a distintos departamentos dentro de cada administración territorial, sino que también este reparto de competencias se distribuye entre los distintos entes territoriales. Así existen por ejemplo distintas consellerias con competencias que inciden en la ordenación del territorio, pero también existen competencias en los Consell Insulars y en los propios municipios. La falta de coordinación entre las Administraciones y la falta de claridad en la normativa puede llevar a aplicaciones dispares de una misma norma, abuso en las competencias de ciertos entes”, dijo. Otro talón de Aquiles es la burocratización del sector económico. La pluralidad de Administraciones y de sectores o departamentos implicados, así como la sensibilización por las cuestiones medioambientales obligan, a juicio del presidente de los empresarios de Baleares, “a un peregrinaje en la tramitación de cualquier autorización o licencia que provoca una burocratización de la actividad”. Sentada la necesidad de los controles, Oliver defiende la agilización de los trámites y la dotación de medios a la Administración para dar respuesta rápida a las peticiones de los administrados.
El presidente de los empresarios apuntó que en la Comunidad Autónoma han de conjugarse el “gran potencial económico de los sectores del tejido empresarial” y las necesidades de crecimiento de los distintos usos, con un abaratamiento de los precios y el cuidado en la presentación del entorno “dado el carácter limitado del territorio”. El decano del Colegio de Arquitectos, Luis A. Corral, incidió también en que los planes territoriales “no han establecido el modelo territorial que esperábamos”. Recordó que dos terceras partes de los planes generales de Mallorca tienen una vigencia superior a 10 años y afirmó que no están adaptados a ninguna normativa urbanística superior.
Josep Oliver explicó además que la legislación del suelo es competencia de las comunidades autónomas, pues son éstas las que pueden adecuar la normativa a las concretas necesidades de la autonomía en la que pretende aplicarse. “En nuestra Comunidad deben conjugarse el gran potencial económico de los sectores del tejido empresarial, las necesidades de crecimiento en distintos usos, el abaratamiento de los precios, junto con la preservación del entorno dado el carácter limitado del territorio”, apostilló, además, por supuesto, “de atender a las necesidades de la población debido al aumento demográfico cada vez más constante”. La agilización de los trámites, la puesta en el mercado de solares, las bonificaciones o ayudas para las viviendas protegidas, las bolsas de aprovechamiento municipales, deben ser instrumentos al servicio de los anteriores fines y que deben recogerse en la legislación específica que corresponde elaborar a la CCAB, recordó. En el debate que tuvo lugar en el Colegio de Abogados, participaron el presidente del Círculo de Economía, Alexandre Forcades, como moderador, y Gabriel Oliver (patronal de Promotores de Baleares), Pedro Cañellas (Federación Hotelera de Mallorca), Luis Corral (Colegio de Arquitectos), Josep Oliver (CAEB) y Rosa Bueno (Federación de Asociaciones Vecinales de Palma).
Crecimiento bajo lupa
Baleares debería dejar de tener y ofrecer una visión “negativa” de su consumo territorial, dado que su crecimiento es de los más bajos del Estado: en 2020 tan sólo un 6 por ciento del suelo balear estará calificado como urbano, aseguró durante el debate el presidente de Proinba, Gabriel Oliver. Por otra parte, el máximo representante de la Federación Hotelera de Mallorca, Pedro Cañellas, afirmó que “la Administración tendría que haber previsto el crecimiento y haber planificado un desarrollo sostenible”.
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